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¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

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La Ley de la Segunda Oportunidad en un término que cada vez más va cogiendo fuerza en la actualidad,
sin embargo, cómo sabemos cuándo podremos acogernos a ella, quiénes pueden beneficiarse de la
segunda oportunidad o cuáles son los requisitos.

A través de este artículo vamos a hacer un recorrido por las preguntas que pueden surgirnos sobre este
término del que seguramente hayas escuchado hablar, pero al que no puedes dotar de significado de
una forma clara y sencilla.

Para comenzar, vamos a fijar una definición para entender qué es la Segunda Oportunidad, la cual
podemos definir como; un recurso legal que se ofrece a los particulares y a los autónomos para poder
negociar o incluso llegar a eliminar parcial o totalmente las deudas cuando no sea posible afrontar su
pago. Con la Segunda Oportunidad lo que pretendemos es solucionar una mala situación económica
que ha sido provocada por un endeudamiento excesivo del deudor, pero sin dejar de lado los derechos
de cobro de los acreedores.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Ley de Segunda Oportunidad?

Pues bien, a través de la Ley de Segunda Oportunidad se pretende resolver la situación de aquellas
personas que no pueden afrontar sus deudas. En España para poder resolver esta situación contamos
con la Ley Concursal y la Ley de la Segunda Oportunidad.

Para poder ir un poco más allá y entender la segunda oportunidad, nos adentraremos en la ley donde se encuentra recogida haciendo especial mención a su exposición de motivos.

La Ley de la Segunda Oportunidad se encuentra regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de
mecanismo de segunda oportunidad
, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social,
que entró en vigor el 30 de julio de 2015.

En la Exposición de motivos del Real Decreto-ley 25/2015, encontramos la finalidad que viene a darnos
la Ley de la Segunda Oportunidad, la cual expresa lo siguiente.

[…]

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.

[…]

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos contraídos. No puede olvidarse con ello que cualquier consideración ética a este respecto debe cohonestarse siempre con la legítima protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los derechos del acreedor, así como con una premisa que aparece como difícilmente discutible: el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace.

[…]

Una vez que hemos entendido qué es la Ley de Segunda Oportunidad, debemos conocer quiénes
podrán acogerse a ella y cuáles son los requisitos para acogerse a ella.

En Creditaria podemos ayudarte

Somos abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad. Si necesitas un despacho con experiencia, contacta con nosotros e infórmate sin compromiso.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden recurrir las personas físicas, ya
sean particulares como autónomos, que no puedan pagar las deudas que han ido contrayendo.
El procedimiento es, en su casi totalidad, similar cuando se trata de particulares y de autónomos pero, la principal diferencia que encontramos para que esto no sea así es, que en el caso de los particulares el
proceso deberá iniciarse ante un notario mientras que para los autónomos el proceso se iniciará ante el
Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente.

En el caso de las empresas, en lugar de a la Segunda Oportunidad éstas podrán acogerse al concurso de
acreedores.

Una vez que hemos visto quienes pueden acogerse a la Segunda Oportunidad, vamos a ver los
requisitos para llevarlo a cabo.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad tiene en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente. ¿Esto qué
quiere decir? pues que hay un registro de los compromisos financieros que se han ido adquiriendo a lo
largo de la vida. Se trata de las deudas que se han ido contrayendo con distintas entidades, como puede
ser el impago del recibo del teléfono, de créditos o de préstamos con los bancos, entre otros muchos.
Sin embargo, esto no quiere decir que utilicemos este recurso para librarnos de realizar esos pagos, sino una ayuda para aquellos que han ido demostrando ser unos buenos pagadores, pero que están
atravesando una mala situación económica que no les permite hacer frente a esas deudas.

Por eso, para recurrir a la Segunda Oportunidad el deudor debe cumplir con una serie de requisitos,
cuya finalidad es conseguir probar que, como hemos dicho antes, es un deudor que ha estado actuando
de buena fe pero, debido a su situación económica, no puede afrontar dichos pagos.

Por lo tanto, para poder demostrar que el deudor es de buena fe, deberá probar los siguientes
requisitos:

  1. Que el concurso no es culpable. Esto viene a decir que la situación de insolvencia no ha sido producida por dolo o culpa grave.
  2. Que no ha mentido sobre su situación de insolvencia y no ha ocultado documentación relevante para el procedimiento.
  3. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  4. Que ha intentado conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores de su deuda.
  5. Que se han satisfecho los créditos preferentes, estos son los créditos contra la masa y los privilegiados. Se consideran créditos contra la masa los originados con posterioridad a la declaración de concurso, como gastos de notario y abogado, y los privilegiados son las hipotecas y las deudas acaecidas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Para poder cumplir con dicho requisito de debe demostrar que esos créditos se han intentado pagar.
  6. Que no ha obtenido el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (BEPI).
    El BEPI es un mecanismo que permite exonerar al deudor del pago de su deuda una vez liquidados los bienes de su propiedad y realizados los pagos a parte de sus acreedores.
    Es decir, que no se han exonerado otras deudas por vía judicial en los últimos 10 años.
  7. Que no ha rechazado ninguna oferta de trabajo que fuera acorde a su capacidad profesional en los 4 años anteriores. Importante a tener en cuenta que, si la persona que quiere acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad tiene una deuda que supera los 5 millones de euros no podrá acogerse a la misma.

¿Cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad?

Una vez que hemos visto las notas esenciales de la Segunda Oportunidad, vamos a entrar a estudiar sus
distintas fases.

01. El acuerdo extrajudicial de pagos

En primer lugar nos encontramos con el acuerdo extrajudicial de pago en la Ley de la Segunda
Oportunidad, el cual podremos solicitar si cumplimos con los requisitos mencionados en el apartado
anterior. Por lo tanto, podemos definirlo como una negociación de la deuda con los acreedores
mediante el cual se intenta un acuerdo entre deudores y acreedores para que el deudor pueda hacer
frente a la mayor cantidad de la deuda pendiente y así los acreedores no tengan un resultado frustrado.

Generalmente, esto se intentará incluyendo quitas del hasta el 95% del pasivo (el acreedor perdona un
porcentaje del total de la deuda y así facilitar al deudor el pago) y/o esperas (aplazamiento del pago
de la deuda hasta un máximo de 10 años), para hacer factible el pago.

Para proceder a la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos en la ley de la segunda oportunidad
debemos saber lo siguiente:

Estos acuerdos estarán supervisados por un juez, existiendo la posibilidad de que intervenga
un mediador concursal para tratar de encontrar un acuerdo. Desde que el mediador concursal acepta el
cargo, el deudor está protegido legalmente. Se podrá solicitar la paralización de las ejecuciones
ordinarias, pero cabe resaltar que las ejecuciones hipotecarias no podrán paralizarse.

Por lo tanto, una vez que se haya solicitado el acuerdo extrajudicial de pago no se podrá iniciar o continuar con ejecuciones sobre el patrimonio del deudor por un plazo máximo de 3 meses. El mediador concursal supervisará el cumplimiento del acuerdo, la falta de cumplimiento hace que se vaya al concurso consecutivo. Una vez nombrado el mediador concursal, el deudor que tuviera deudas tributarias o de seguridad social, deberá solicitar de la administración pública competente el aplazamiento o el fraccionamiento de pago de aquellas que, a la fecha del nombramiento del mediador.

Dentro de los diez días siguientes al de la aceptación del cargo, el mediador concursal convocará al
deudor y a los acreedores a la celebración de una reunión para poder lograr un acuerdo de pagos. (Los
acreedores públicos no serán convocados a la reunión).

La reunión deberá celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la aceptación o dentro de
los treinta días si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario.

Con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión
o, de quince días si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, el
mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de
acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud.
Se logrará el acuerdo con el voto favorable que cubra el mayor volumen de deuda, los acreedores que
no hubiesen votado o hayan votado en contra quedarán afectados por los votos de las mayorías.

El acuerdo no producirá efectos respecto de los derechos de los acreedores frente a los obligados
solidarios con el deudor, ni frente a los fiadores o avalistas, salvo que esos acreedores hubiesen
mostrado su conformidad con el acuerdo. Los obligados solidarios, los fiadores y los avalistas no podrán
invocar la aprobación del acuerdo ni el contenido de este en perjuicio de aquellos.

Si dicho acuerdo resulta fallido o insuficiente, porque los acreedores y deudores no han conseguido
llegar a un acuerdo de pago, el siguiente paso será la fase judicial, es decir, el concurso consecutivo, en
el cual se solicitará la exoneración de las deudas pendientes.

Esta fase suele durar 2 meses desde que el deudor firma el acta en el notario/registro mercantil o
cámara de comercio. El tiempo estimado de duración en el concurso consecutivo es entre 6 meses y 1
año.

02. Concurso consecutivo

Como ya hemos dicho en el apartado anterior, si los acreedores y deudores no han llegado a un
acuerdo, entramos en la fase donde se deberá presentar demanda de concurso a los 10 días siguientes
al cierre del acta (por notario o registro).

Por lo tanto, tendremos la obligación de presentar el concurso cuando:

  • No se haya logrado el acuerdo extrajudicial de pagos propuesto.
  • Por la falta de aceptación de un mediador concursal.
  • Por no cumplir con el acuerdo de pagos acordado.

La demanda de concurso la podrá presentar: el propio deudor, el mediador concursal o cualquier
acreedor.

Con la declaración de concurso, el concurso vuelve a estar protegido legalmente. Seguirán paralizados
los procedimientos de ejecución y no se podrán iniciar nuevos procedimientos ordinarios contra el
concursado. Excepción: las ejecuciones hipotecarias antes del concurso no se paralizan.

Los acreedores tienen el plazo de 1 mes desde la publicación del auto de declaración de concurso en el
BOE para comunicar los créditos. Podrán abstenerse de hacer dicha gestión los acreedores que lo
hubieran comunicado en el acuerdo extrajudicial de pagos.

El concursado quedará intervenido por el Administrador Concursal. El Administrador Concursal deberá
presentar un informe dentro de los 10 días siguientes al transcurso del plazo de comunicación de
créditos. Deberá contener el inventario de bienes y derechos y la relación de acreedores, es decir, se
determinará el activo y el pasivo del concursado.

Finalmente, se procederá a la tramitación de la propuesta anticipada de convenio o la fase de
liquidación.

03. Fase de liquidación

Será presentado al juzgado por el administrador concursal dentro de los diez días siguientes a la fecha
de apertura de la fase de liquidación, salvo que se hubiera acompañado por el deudor o por el mediador a la propia solicitud de apertura de esa fase.

  • Dentro del plazo para formular observaciones o propuestas de modificación del plan de liquidación, el concursado y los acreedores podrán formular también observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el BEPI si el concursado fuera persona natural. Tema que trataremos más adelante.
  • Se van liquidar todos los bienes titularidad del deudor, salvo aquellos que sean necesarios para continuar la actividad empresarial.
  • En cuanto a la vivienda de las personas físicas, se podrá solicitar al Juez del concurso que no quede afecta al concurso, siendo decisión de éste en último lugar:
    • Si es la vivienda habitual.
    • Si está al corriente de pago la hipoteca.
    • Si el valor actual de mercado es inferior a lo que queda pendiente de hipoteca.

04. Fase de calificación del concurso

Dentro del plazo para formular observaciones o propuestas de modificación del plan de liquidación,
los acreedores, mediante escrito razonado, podrán solicitar la apertura de la sección de calificación.

En el caso de deudor como persona natural, si el concurso se calificara como fortuito, el juez, cuando
concurran los presupuestos legales, declarará en el mismo auto de conclusión de concurso el Beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

Cuando el concurso consecutivo se presume culpable debido a que el deudor hubiera cometido
inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de nombramiento de
mediador concursal o presentados durante la tramitación del expediente, o hubiera acompañado o
presentado documentos falsos.

05. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI)

En caso de que los acuerdos extrajudiciales de pagos fracasen o sean insuficientes, o el concurso se
califique como fortuito, entraría en juego el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

A través de este mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad, el deudor podrá librarse
judicialmente de toda o parte de la deuda. El juez del concurso determinará, teniendo en cuenta la
situación de las partes, el porcentaje de la deuda que podrá ser exonerado y qué porcentaje
permanecerá. Las personas físicas acudirán a los juzgados de primera instancia y las jurídicas y los
autónomos a los juzgados mercantiles.

Los acreedores podrán solicitar que no se le conceda al deudor el BEPI:

  • Que el concurso sea calificado como culpable.
  • Si incumple los compromisos del plan de pagos.
  • Si mejora su situación económica de modo que sí pudiera hacer frente a sus deudas previas.
  • Si se descubre la existencia de ingresos, bienes o derechos que habían sido ocultados.
  • Que haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso.
  • Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender la decisión respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que recaiga resolución judicial firme.

¿Cómo podemos solicitar el BEPI?

  1. BEPI general: EL deudor que no tenga créditos contra la masa (los honorarios del administrador concursal y abogado) ni privilegiados (créditos hipotecarios, deuda pública y alimentos) pendientes de pago y que hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos quedará perdonado en la totalidad de los créditos ordinarios y subordinados.
  2. El deudor que no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos (pero reunía los requisitos para hacerlo), y no tenga créditos contra la masa ni privilegiados pendientes de pago y ha pagado el 25% de los créditos ordinarios, quedará exonerado por el 75% restante de los créditos ordinarios y la totalidad de los subordinados.
  3. Se puede solicitar el BEPI ajustado a un plan de pagos, siempre que el deudor:
    1. No hubiera rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
    2. No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.
    3. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez últimos años.
  4. BEPI especial. El plan de pagos contendrá una propuesta de pagos para:
    1. Los créditos contra la masa y privilegiados pendientes de pago.
    2. Los créditos por alimentos.
    3. La parte de los créditos ordinarios que se quieran incluir.
    4. Es en esta propuesta donde incluyes la deuda pública para que el juez decida sobre la viabilidad de la propuesta de pagos planteada.
    5. El pago de estos créditos deberá ser en un plazo NO superior a 5 años desde la conclusión del concurso salvo que tengan un vencimiento posterior. Durante este periodo NO se devengaran intereses.
    6. Para el resto de créditos ordinarios y subordinados se pide la exoneración.
    7. Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos, el juez, previa audiencia de los acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

Efectos de la exoneración:

  • Matrimonio casado en gananciales u otra comunidad de bienes la exoneración beneficiará a los bienes comunes.
  • Queda a salvo la facultad de los acreedores de dirigirse contra el patrimonio privativo del cónyuge del deudor por sus deudas propias en tanto no haya obtenido este el beneficio de la exoneración del pasivo.
  • La exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas.

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